El riesgo es un evento que se puede presentar en cualquiera de las etapas del ciclo de un proyecto; es decir en la pre-inversión, la ejecución. Los riesgos son inevitables, razón por la cual hay que planificar el proceso de identificación, valoración y definición anticipada de estrategias para transferirlo, mitigarlo, aceptarlo o asumir una contingencia.
Según un informe reciente de la Contraloría General de la República, la corrupción es un factor de alto riesgo, tal como lo evidencia el hecho de que en los últimos 5 años se han encontrado más de 100 casos de impacto nacional.
Recordemos algunos de ellos: La Unión Temporal Centros Poblados, conformada por 4 empresas que lograron contrataciones por más de $1,1 billón a través de 223 contratos incluido el contrato con MINTIC de acceso a internet de centros educativos rurales, el cual fue cancelado por certificaciones bancarias falsas. De igual manera, podemos mencionar los casos de la Refineriá de Cartagena REFICAR, la planta de etanol de Bioenergy, Hidroituango, SALUDCOOP, MEDIMÁS y muchos otros de menor escala relacionados con colegios, hospitales, adquisición de helicópteros. La misma fuente señala que en los últimos 5 años de 177 investigaciones de impacto nacional, el 37,8% fueron archivadas, el 12,4% terminaron con un fallo de responsabilidad fiscal y el 3,9% no tuvieron responsabilidad fiscal.
Al examinar los problemas comunes en estos contratos, podemos encontrar que los sobrecostos, así como la demora sistemática en los plazos de entrega y deficiencia en la calidad requerida son constantes. También es evidente que la ausencia de buenos sistemas de seguimiento y control, es otro factor significativo en esos proyectos que pone en riesgo el patrimonio público.
Frente a esta dura realidad colombiana, hay varias acciones por realizar: Una es la necesidad de retomar en los programas formación académica una educación de alta calidad, acompañada del ejercicio de principios y valores éticos que permitan en el ejercicio profesional, el desarrollo de proyectos en cualquier sector de la economía que mejoren las condiciones de nivel de calidad de vida de las comunidades objetivo, especialmente las más vulnerables. También es indispensable una separación de poderes de ejecutivo de los órganos de control, pues es lamentable que firmas con antecedentes negativos en el desarrollo de proyectos, accedan a nuevas contrataciones y se repite la historia una y otra vez. De igual forma, hay que seguir desarrollando programas de formación en gerencia de proyectos, que incluyan la perspectiva de lo público, pues no hay que olvidar que este sector es el de mayor inversión y es donde más recursos se pierden.
Colombia es un país privilegiado en recursos naturales y biodiversidad, pero no queda la menor duda que la corrupción en sus diferentes niveles y la falta de control y seguimiento, tienen efectos directos en la ejecución de los proyectos, factores que hacen que sea uno de los países más inequitativos del mundo. Qué gran reto el que compartimos sociedad civil, sector empresarial y sector público de focalizarnos más en el bien común que en el particular y sin visión de país.
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